E N algunos diarios leo, y en algunas emisoras oigo, que Zapatero subirá los impuestos a los ricos "para aplacar a la izquierda". Así, una vez más se hace presente la contradicción, la incertidumbre, la falsedad y el impulso al enfrentamiento en que el Gobierno de ZP nos tiene sumidos. La fraseología de una izquierda radical, trasnochada y caída bajo el Muro de Berlín se recupera de nuevo en esta apelación a ricos y pobres, a derechas y a izquierdas, cuando toda esa terminología está caducada como un yogurt fuera de fecha. La presentación del nuevo "recorte"que el Gobierno piensa imponer a algunos españoles está absolutamente fuera de lugar. Estupefactos deben hallarse algunos millonarios como Felipe González, Ana Belén y su esposo, Bono y su señora, enriquecidos, al parecer, legalmente, o Roldán -que en algún sitio tendrá guardado lo que distrajo- y otros socialistas, condenados por apropiarse millones de pesetas o de euros, que siguen sin devolver lo que robaron, no sólo a partir de la transición, sino en los tiempos a los que pretende abarcar -aunque en una sola dirección- la memoria histórica, tan inconvenientemente traída a rebato por el presidente del Gobierno. No creo que, para aplacar a la izquierda de Felipe González o a la de Bono, venga ahora su conmilitón ZP a establecer impuestos a los ricos, entre los que destacan precisamente los citados. Los tiempos cambian y, hoy en España, hay pobres de derechas y ricos de izquierdas, resultando un contrasentido agresivo, trasnochado y peligroso oponer izquierda y ricos.

Siempre he sido partidario de que contribuya más el que más tiene, dentro de unos límites que se dibujan, por un lado, en el cuidado de no hacer decaer el espíritu emprendedor, como sucede si va a ser que el esfuerzo exigido se ha de entregar de modo excesivo al Estado y, por otro, si se garantiza que la recaudación va a ir efectivamente a una labor de solidaridad y no a pagar sueldos millonarios a asesores áulicos nombrados a dedo, jaranas y viajes de los jerarcas y sus familiares utilizando los medios estatales, estupideces como dotar de traductores en lenguas autóctonas a un Senado donde todos hablan y se entiende perfectamente en castellano, subvenciones a ridículos proyectos como el mapa del clítoris o la enseñanza de la masturbación, ayudas a grupos extranjeros que nada aportan al desarrollo o a la cultura española, prestación de desempleo a algún vago que rechaza ofertas de trabajo, pago de peonadas a hipotéticos trabajadores del campo que, ni viven ya en la región donde lo cobran, dotaciones de vario tipo a sindicatos que presumen de vivir de sus cuotas - lo que nadie cree, dada la escasa afiliación- pero no renuncian a la teta de ZP, u ostentosos gastos a la hora de organizar en España un evento internacional como una reciente cumbre que los analistas han valorado en un gasto de un millón de euros diarios.

Un buen Gobierno no tiene que aplacar a nadie; tiene que gobernar con justicia y sentido de la igualdad, que es tanto como tratar desigualmente a los ciudadanos cuya situación es desigual. Pero la desigualdad social no es sólo la de índole material, sino también la que afecta al mundo de los valores. Por eso, si el que más tiene -sea de derechas o de izquierdas- debe aportar más, el que tenga menos, para ser objeto de un trato justo, ha de acreditar que no debe su situación a vagancia o simple afán de aprovecharse del esfuerzo ajeno.

En cuanto a las medidas anunciadas antes de ésta relativa a la subida de impuestos, hay dos cuestiones que hacen chirriar el Estado de Derecho. La primera se refiere a las pensiones, cuya congelación viola el Pacto de Toledo y, en cuyo planteamiento, antes de cualquier medida, corresponde al Estado recortar fondos de otros capítulos para insuflar el destinado a pagarlas cumpliendo el compromiso de revalorización. Ya me figuro que un Letrado de secano como el presidente, no tendrá mucha idea de lo que significa el principio de "pacta sunt servanda" y tampoco se le va a pedir que lo entienda a Don Pepiño Blanco, que embarrancó en primero de Derecho. Igual podríamos decir de rebajar el sueldo a los funcionarios, después de haber firmado, no hace mucho, un Convenio con ellos. Pero, además, habría que hablar de otro eje fundamental en el estado de Derecho, que es el del respeto a los derechos adquiridos. Por eso, no me extraña que haya quien anuncie la oportuna reclamación ante los Tribunales. Respecto a la tercera medida del "Zapatazo", iniciada ya por el Ministro de Fomento anunciando paralización de obras por un año, me parece arriesgadísima y, una vez más, contradictoria. Es arriesgada, a mi juicio, porque va a provocar más desempleo y es contradictoria porque precisamente el Gobierno ha estado presumiendo de atajar el paro y ser muy solidario con la creación del Plan de Ayuda a los Municipios para ocupar gente, viniendo ahora a suspender obras en las que el número de trabajadores a emplear sería mucho mayor.

Terminaré el artículo con una referencia al asunto Garzón, pues algunos lectores han pedido mi opinión. En principio, la cosa es muy simple: Un juez ha sido imputado criminalmente y, se llame como se llame, y sea estrella o luna en cuarto menguante, la norma impone su separación del servicio. El Fiscal General es un cargo designado por el Gobierno y, por ende, sus peticiones o acusaciones en éste, o en cualquier caso, son la voz de su amo. La presunción de inocencia está a favor de cualquier imputado y es lo mismo que el Fiscal acuse o no acuse. Si un juez imputa a otro, o a cualquier persona, con deliberada injusticia, puede, a su vez, ser acusado. Incluso un delincuente condenado tiene derecho a querellarse o denunciar a quien considere autor de un delito o falta; claro que su actuación se volverá contra él, si de la instrucción judicial se desprende que la denuncia es falsa. Garzón ha sido acusado por dos personas jurídicas legalmente constituidas y el principio constitucional de igualdad ante la ley no permite discriminarlas por ningún motivo. Garzón - y esto es fundamental entenderlo para enjuiciar el caso - no ha sido imputado por abrir una causa contra el régimen de Franco; lo ha sido por hacerlo sin ser competente para ello. Cada Juzgado tiene sus competencias y sería, entre otras cosas peores, un desbarajuste que cada magistrado abriera los expedientes que le vinieran en gana, y cada litigante pudiera elegir su juez. El afán de derivar el asunto Garzón a un problema ideológico y de "memoria histórica" ha sido una de las maldades más notorias que hemos vivido en estos tiempos. Finalmente, en cuanto al permiso para ir a la Corte Internacional, el Consejo General del Poder Judicial no necesitaba ni haberse reunido. Garzón, suspendido en su función, es libre para contratarse con cualquier organismo. Lo que llama un poco la atención es que un Tribunal Penal Internacional contrate a un juez imputado por su gestión en un Tribunal Penal español.

El asunto, al margen de Garzón, es cómo conciliar la presunción de inocencia con la imputación. No todos los imputados son condenados y, hasta que son absueltos, es indudable que pasan un calvario. Pero la mayor parte de los imputados son condenados y resulta injusto dejar que sigan actuando, desde que se les imputa hasta que se les condena. ¿Cómo salvar al afectado frente a la posibilidad de que sea absuelto y cómo evitar que la sociedad o terceros sigan en manos de un imputado frente a la posibilidad de que será condenado? Yo no tengo solución, salvo la, no del todo aceptable, de valorar con el máximo cuidado cualquier decisión que se tome respecto de un imputado, valorando minuciosamente la prueba que haya permitido declararle tal. Por otro lado, habría que señalar importantes indemnizaciones a favor del que sufriera daño por haber sido separado o sometido a medidas cautelares y luego resultara absuelto. Para lo que si hay solución es para evitar a los imputados el mayor daño que probablemente sufren. Por muy importante que sea la libertad de expresión, salvo una autorización expresa del Tribunal, yo vetaría cualquier publicación de actuaciones judiciales penales, con excepción de las Sentencias.

Miguel Ángel García Brera